Traductores / intérpretes jurados

Abstract

Los traductores/as/intérpretes jurados/as (TTIIJJ) son aquellos profesionales habilitados o acreditados por las autoridades públicas o alguna organización profesional para realizar traducciones desde o hacia una (o varias) lengua(s) extranjera(s) de documentos que se aportarán a un procedimiento judicial o se utilizarán en la administración pública, así como para interpretar en juzgados y tribunales, cuerpos y fuerzas de seguridad y otras instituciones públicas. La habilitación o acreditación oficial suele corresponder habitualmente a los ministerios de justicia o de asuntos exteriores, agencias gubernamentales, altas instancias judiciales o centros universitarios específicos. El derecho a traducción e interpretación gratuita proporcionada por el Estado en procedimientos penales viene recogido en instrumentos de derecho internacional como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos, o la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como en la jurisprudencia de tribunales internacionales y en las disposiciones de la legislación nacional. El principal ámbito de especialización de los TTIIJJ se encuentra en la Traducción jurídica, actividad muy exigente en términos de formación. Así, la norma ISO 20771:2020 trata de establecer los requisitos de cualificación mínimos para el ejercicio de la traducción jurídica. Los TTIIJJ han de cumplir con una serie de principios deontológicos específicos, entre los que se incluye la imparcialidad, la objetividad y la confidencialidad. De hecho, en el ejercicio de sus funciones, los TTIIJJ pueden incurrir tanto en responsabilidad profesional, como civil o incluso penal. Las condiciones de acceso a la profesión (exámenes, verificación, experiencia profesional, pertenencia a organizaciones profesionales), las entidades responsables de los registros de TTIIJJ (en el caso de que existan), los requisitos para recurrir a los servicios de TTIIJJ, la forma de certificar las traducciones, el estatus y la protección del título profesional (si existe), etc. varían considerablemente de un país a otro. Lo mismo ocurre con la formación, que bien se regula de forma diferente o simplemente no se regula, ante lo que son las universidades y las organizaciones profesionales las que intentan cubrir el vacío existente. Por su parte, los exámenes son, en ocasiones, objeto de críticas por su incapacidad para evaluar las destrezas relevantes o no contar con criterios de evaluación claros. En muchos países la profesión no existe como tal, por lo que en su lugar podemos encontrar sistemas de (auto)certificación que pretenden garantizar la calidad de los servicios prestados para la administración de justicia. En algunos países esto genera un riesgo de injusticia. La investigación desarrollada sobre satisfacción laboral muestra que los TTIIJJ valoran positivamente aspectos como la variedad de tareas, la independencia, el prestar un servicio a la ciudadanía o el empleo de distintas destrezas, mientras que se muestra menos satisfechos con la retribución o la seguridad/estabilidad. En algunos países lo bajo de las tarifas oficiales y la precariedad de las condiciones de trabajo han llevado a estos profesionales a la huelga. Otra fuente de preocupación es la exposición a riesgos como la violencia cuando trabajan en entornos policiales o judiciales. Entre las fuentes generadoras de estrés citadas por los TTIIJJ se encuentran la falta de acceso a materiales del procedimiento en el que van a intervenir, el sentido de la responsabilidad (incluido el miedo a cometer errores), el tener que interpretar para jueces o partes que no están habituadas a ser interpretadas, expectativas de productividad poco realistas o falta de respeto.