Alcance jurídico de la derogación de la tabla de consumo de drogas

Abstract

Analizar las consecuencias jurídicas de la derogación de la Tabla de cantidades máximas admisibles para el consumo personal del Ecuador, impulsada por el Decreto Ejecutivo No. 28 del 24 de noviembre de 2023, buscando combatir el tráfico ilícito de drogas, generando un vacío legal en determinar si la posesión es para consumo o tráfico. Ante eso la Corte Nacional de Justicia intervino con la Resolución No. 14-2023, estableciendo parámetros cualitativos enfocados en la intención de traficar, dejando afuera las cantidades, para aplicación de los operadores de justicia al emitir fallos. Históricamente, la tabla buscaba evitar la criminalización de los consumidores de drogas, tratando a la adicción como un problema de salud pública, sin embargo, debido al incremento de la delincuencia como resultado del narcotráfico, comenzó a recibir cuestionamientos, mientras las penas por tráfico según cada escala, están vigentes y sufren de incrementos adicionales. Esta derogatoria generó incertidumbre jurídica y riesgo de criminalización del consumo de drogas, lo que podría incrementar el hacinamiento carcelario y la corrupción en el sistema judicial. Existen mandatos constitucionales y programas gubernamentales para la prevención y el tratamiento de adicciones, pero podrían verse amenazadas por el populismo penal, dado el escenario de violencia, por lo que, es necesario contar con una inmediata reforma integral; capacitar a los operadores de justicia y fiscalía; invertir en salud pública; coordinar y ejecutar acciones entre el Ejecutivo y los Gobiernos Autónomos Descentralizados; y, campañas de concienciación para garantizar la protección de los derechos fundamentales y la seguridad jurídica.