Desde posiciones ideológicas de la extrema derecha hasta posiciones académicas de historiadores y sociólogas, la concepción de la memoria como deber moral ha sido puesta en duda. Ambas partes comparten la misma crítica a esta forma de interpretación fundamentada en la responsabilidad común y en que la barbarie no vuelva a ocurrir nunca más: las políticas públicas que han seguido esta dirección muestran un relato partidista y utilizan el sufrimiento de las víctimas. Partiendo de estas discrepancias, el presente escrito tiene la finalidad de analizar y reflejar las discontinuidades y continuidades que implican las leyes de memoria. Una tarea que nos llevará a analizar los usos y relatos sobre la memoria en las políticas públicas de memoria aplicadas en el Estado español. En especial, la Ley 14/2018 de memoria democrática de Aragón. Una ley derogaba a causa de estos discursos antagónicos al deber moral. En definitiva, se nos presenta la invitación a repensar y reformular la memoria, por ejemplo, como derecho civil, y a debatir si merece la pena tomar o no esta dirección en la labor de una criminología crítica global y/o una sociología jurídico-penal.