En la presente comunicación se describen y analizan, de forma somera, cuáles son las medidas de protección de las víctimas a la luz de la Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto jurídico de la Víctima del Delito y demás normas concordantes, con especial atención a esa protección en dependencias judiciales, pero con inclusión de una breve referencia a esa tutela en el ámbito policial y a través de las Oficinas de Asistencia a las Víctimas, en su contribución a que la protección sea completa. Además se ofrece un razonamiento crítico acerca de las dificultades que surgen a la hora de poner en práctica algunas de esas garantías, por la dispersión normativa en dos textos como son ese Estatuto y la Ley de Enjuiciamiento Criminal y la no siempre fácil conciliabilidad entre ambos.
Mélida Paccha-ChuñirGina Gómez De La Torre-Jarrin