En este breve trabajo vamos a analizar la gran laguna legal que supone la inexistencia en la regulación procesal penal española de una medida cautelar de internamiento terapéutico y de otras medidas alternativas a la prisión para las personas investigadas y acusadas que presenten una enfermedad mental o discapacidad psíquica, así como las dificultades que presenta la coordinación entre las jurisdicciones civil y penal en esta materia, que, con toda probabilidad, se verán incrementadas si finalmente entra en vigor la Proposición de Ley General de Salud Mental de 17 de septiembre de 2021. Finalmente, haremos una breve referencia a las novedades que introduce el Anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal de 2020 en relación con la persona encausada con discapacidad.