Reforma constitucional de 2005

Abstract

En un sistema democrático y garantista de derecho, la presunción de inocencia constituye el centro de gravedad del derecho penal y, por extensión, de los procesos penales. Lo que precede exige que la normativa esté sujeta a los derechos humanos concebidos como el criterio último de justicia y legitimidad política del Estado de derecho contemporáneo.En México, la resolución de los problemas se ha limitado a la represión del Estado a través del derecho penal que hace frente a sus compromisos políticos. Esta solución del conflicto no es nueva, pero resulta peligrosa para la protección de los derechos humanos. Por consiguiente, a partir de la reforma constitucional de 2011, quedó plasmado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos el reconocimiento y protección de los derechos humanos, de modo que, en materia penal, se debe respetar a favor del inculpado la protección de una defensa adecuada, que privilegia el derecho a la presunción de inocencia y el de su libertad durante el procedimiento penal.Nuestro propósito en este libro es realizar una crítica propositiva para verificar si en el nuevo sistema de justicia procesal penal se violenta el principio de presunción de inocencia o queda debidamente garantizado, así como señalar la necesidad de construir nuestro propio derecho latinoamericano después de realizar un recorrido por la recepción del derecho penal procedente de Alemania, Francia, Italia y España.