La “jurisdicción exorbitante” del poder judicial norteamericano

Abstract

Este artículo analiza dos instancias procesales del caso NML Capital v. Republic of Argentina (2013-2014). En este caso, conocido como “el juicio del siglo”, los acreedores de deuda Argentina emitida bajo legislación estadounidense iniciaron acciones legales contra el país ante cortes federales del Estado de Nueva York. La forma en que NML fue resuelto demuestra que, para ejecutar sus sentencias, las cortes de estadounidenses pueden restar importancia a derechos constitucionales como el debido proceso y el derecho de defensa en pos de asegurar el efectivo cumplimiento de lo ordenado. Como si el fi n de ejecutar la decisión se pudiera imponer sobre los medios a emplear. En particular, el análisis se enfoca en dos etapas del caso, posteriores a la sentencia defi nitiva que condenó a Argentina a pagarle a los fondos buitre. Analiza si las cortes de EE.UU. tienen jurisdicción para emitir (1) una orden de discovery para identifi car bienes argentinos radicados fuera de EE.UU y (2) una orden de hacer de carácter permanente que obligue al país a pagar de igual forma a los acreedores que aceptaron la reestructuración de la deuda y a los que no lo hicieron. También analiza la estrategia que implementó el Juez Thomas Griesa para forzar a la Argentina a cumplir con sus sentencias defi nitivas. Luego de NML v. Argentina, la Suprema Corte de Justicia estadounidense cambió el criterio en materia de jurisdicción contra extranjeros. Gracias a este nuevo criterio, se redujeron sustancialmente las herramientas que las cortes de primera instancia utilizaban para coaccionar a países juzgados a cumplir con sus sentencias defi nitivas. Este cambio dejó aún más en evidencia que las controversias sobre deuda soberana requieren de un marco normativo y fuero internacional específi co para ser resueltas.