Los reformistas que lideraron la transición española trataron de transformar el Estado represivo franquista en un Estado democrático garante de los derechos individuales y de las libertades públicas. Pero el Estado español hubo de enfrentarse durante la transición a un doble reto: debía canalizar a los actores protestatarios con el fin de impedir que erigieran obstáculos infranqueables a la democratización, y enfrentarse a una violencia interna, practicada por las instituciones encargadas de la contención de la violencia y del mantenimiento del orden (Ejército, Policía, guardia civil, justicia), que se resistieron a adaptarse a los nuevos cometidos democráticos. En esta doble lucha se jugó la supervivencia del proceso democratizador y su legitimidad, además de la calidad de la futura democracia. El análisis de las violencias perpetradas por los agentes estatales permite formular la hipótesis del entrelazamiento de tres sistemas represivos en constante interacción con las fuerzas contestatarias: los dos sistemas que se sucedieron pero también compitieron durante este período (el de la dictadura franquista y el del horizonte democrático al que se aspiraba) y un sistema específico vinculado a la lucha antiterrorista, que presiona sobre los recursos de los otros dos. De este modo, si las violencias estatales erosionaron los principios fundadores del nuevo régimen, ello no fue debido solamente a la pesada herencia del régimen anterior, sino también a que los cada vez más intensos ataques de los grupos contestatarios pusieron seriamente en peligro el proceso democrático
Ignacio Sánchez-CuencaPaloma Aguilar
Ignacio Sánchez-CuencaPaloma Aguilar