La globalización económica ha obligado a la política criminal a asumir nuevos retos. En concreto, el derecho penal económico ha de redefinir, inicialmente, sus objetivos básicos: qué conductas desea prohibir y castigar. La siguiente cuestión a la que ha de enfrentarse es de naturaleza teleológica: la política criminal racional es de orientación preventiva, por tanto ha de enmarcarse en un contexto de políticas sociales y económicas de idéntica orientación. Al derecho penal no le corresponde liderar ese proceso, pero tampoco puede inhibirse ante la criminalidad económica: última ratio no es nulla ratio. Ese derecho penal ha de ser construido a la vista de las características especiales del marco económico -la globalización- y de los agentes económicos -las empresas-, y ha de responder a los principios garantistas de la política criminal propia del Estado social de derecho.
Miriam Valentina Colchado Bolívar